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¿Qué sucede en Venezuela? El ABC de la crisis que azota al país desde hace varios años

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¿Qué sucede en Venezuela? El ABC de la crisis que azota al país desde hace varios años

Las protestas en Venezuela en contra de la administración de Nicolás Maduro han dejado distintos sucesos que impactaron a la opinión pública e internacional, provocando el rechazo de muchos actores políticos, jóvenes, e incluso venezolanos que se encuentran fuera del país.

Desde que se retomaron las manifestaciones y marchas el pasado mes de abril, la represión ejercida por el Gobierno ha dejado 75 muertos según la Fiscalía General de la Repúblicadirigida por Luisa Ortega Díaz, quien por mucho tiempo se identificó con el chavismo-. La cifra disminuye a 66 según el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

Sin embargo, los últimos días han marcado las portadas de los medios de comunicación nacionales e internacionales por hechos y declaraciones que han causado impacto dentro y fuera de la nación en crisis. Te presentamos en resumen qué es lo que sucede en el país.

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Defender la revolución “con las armas”: Nicolás Maduro

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Getty Images.

El mandatario venezolano aprovechó este martes para dirigirse hacia el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien acusó de haber “trancado el juego”. Como ha manifestado en reiteradas oportunidades, afirmó que la oposición “ha querido llevar al país a una guerra civil que justifique una intervención extranjera”.

“Señor Julio Borges, una vez más le hago un llamado a que desmovilice sus grupos armados, a que cese la violencia”.

El ejecutivo aseguró estar dispuesto a dialogar con los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora en el país. No obstante, al mismo tiempo resaltó que “si fuera destruida la revolución, liberaríamos nuestra patria con las armas“.

“En estos 90 días de violencia, destrucción y muerte, si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia. Si fuera destruida la revolución, iríamos al combate, jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas”.

Asimismo, denunció la presunta participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la violencia y la crisis que actualmente existe en Venezuela.

Sobrevuelo de un helicóptero cerca del Tribunal Supremo de Justicia

Entretanto, este martes en horas de la tarde se avistó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en La Pastora, parroquia ubicada al centro de Caracas y que está situada en las cercanías del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se escucharon varias detonaciones.

La aeronave, en la que se apreció una pancarta invocando el artículo 350 de la Constitución de Venezuela junto a la palabra ‘Libertad’, fue secuestrada por Oscar Pérez, miembro del equipo de investigaciones de la Policía Científica.

Pérez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que lee un comunicado para el pueblo venezolano.

“Salgamos a la calle, en Caracas al Fuerte Tiuna, y en el interior del país a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras Fuerzas Armadas Nacionales y juntos reencontremos a nuestra hermosa Venezuela. Estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo y así hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional, y es por eso que nos adherimos al artículo 350″.

Tras el evento, distintos vecinos de la zona reportaron detonaciones en las avenidas Baralt y Urdaneta, también ubicadas en el centro de Caracas. Según el jefe de Estado, el helicóptero habría arrojado granadas al TSJ y a la sede del Ministerio de Interior y Justicia.

El helicóptero fue visto posteriormente estacionado en un edificio de apartamentos situado en La Trinidad, municipio Baruta, al sureste de la ciudad capital.

Una publicación compartida de Yusnaby Pérez (@yusnaby) el

Según Maduro, dos granadas habrían sido lanzadas, pero una de ellas no explotó. “Esta acción pudo haber causado cientos de heridos”, consideró, y la mismo tiempo solicitó al Ministerio Público que “actuara con equilibrio en esta situación”.

“Si tengo que declarar nivel dos del Plan Zamora lo hago. Ya están desplegadas todas las fuerzas especiales para capturar a este grupo y todo lo vamos a saber”.

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Agresiones en la Asamblea Nacional

Si bien desde el chavismo se han denunciado agresiones en contra de funcionarios y políticos, en la sede de la Asamblea Nacional se han avistado constantemente a personas que se identifican con la revolución intentando ingresar en las instalaciones del Poder Legislativo, y muchas veces algunos diputados de la oposición han sido golpeados.

Simón Calzadilla, uno de ellos, reveló recientemente que este martes “durante horas nos han lanzado infinidad de explosivos y objetos contundentes desde fuera de la Asamblea Nacional”.

“Mientras estábamos saliendo, había un grupo de más de 100 personas violentas del Gobierno nacional que nos lanzaron una especie de explosivos, que lastimaron a una señora, y botellas cuando íbamos camino a las oficinas”.

Agregó además que este martes pasaron “momentos difíciles en los que se observa un sistema político absolutamente decadente y una actitud desesperada del Gobierno nacional”.

Pero ¿qué es el Plan Zamora?

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Protestas en Venezuela. Getty Images.

Pocos detalles se conocen acerca del proyecto del que Maduro ha hecho distintos comentarios. No obstante, especialistas deducen que se traduce en medidas de vigilancia, control y patrullaje muy extremas, por lo que se notaría aún más la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía en las principales calles del país.

Asimismo, detallan que en el marco del Plan Zamora se han realizado detenciones masivas y las personas son acusadas de rebelión y de ejecutar delitos militares.

Los poderes de la República se desmoronan

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Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Getty Images.

Como es bien sabido, desde que la Asamblea Nacional está dominada por la oposición venezolana, pocas han sido las acciones que se le ha permitido ejecutar en vista de que se encontraría en estado de ‘desacato’ por integrar a diputados del estado Amazonas, quienes fueron desincorporados por solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado también por el chavismo. Además, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido una impresionante cantidad de sentencias para coartar cualquier medida que se tome en el Poder Legislativo.

Otro poder que ha dado la espalda al chavismo es el ciudadano, regido por el Ministerio Público y que a su vez está bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, presidida por Luisa Ortega Díaz.

Anteriormente, este órgano era afecto al chavismo pero gradualmente desde el mismo se empezaron a rechazar actos ejecutados por la administración de Maduro, especialmente en contra de la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro, ganándose el desprecio de varios que aún militan en el partido del Gobierno.

Esto ha llevado a que el TSJ, que aún es controlado por jueces chavistas, emitiera este martes dos sentencias que amplían las competencias de la Defensoría del Pueblo y restan importancia a la Fiscalía General de la República.

La Defensoría del Pueblo ahora “puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no le sea delegado por parte de la persona ofendida, a tenor de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo los casos de asistencia especial a que se refiere dicho artículo”.

En el mismo escrito, establecen los magistrados que el Defensor del Pueblo “ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos (artículo 280) y en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la misma, cuando se trate de la violación a los derechos humanos y de ésta derive la comisión de un hecho punible, sin que ello menoscabe el marco de actuación del Ministerio Público”.

La medida resuelve la solicitud hecha por el Defensor del Pueblo, quien en días pasados pidió la facultad de ejecutar la actuación penal, la cual por orden constitucional corresponde a la Fiscalía.

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Asamblea Constituyente, la “peor” amenaza para Venezuela

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Además de la crisis económica, social y política, la ciudadanía rechaza la Constituyente. Getty Images.

El pasado mes de mayo, el mandatario venezolano convocó una Asamblea Constituyente al asegurar que no tiene otra alternativa para “lograr la paz” en Venezuela y vencer “el golpe de Estado” que, según él, se lleva a cabo desde hace meses.

“Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional, de acuerdo con el artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentistas: 200 ó 250 por la base de la clase obrera, las comunas, misiones, los movimientos sociales (…) Los movimientos de personas con discapacidad van a tener a sus constituyentes propios electos, los pensionados”, agregó el socialista, resaltando que los asambleístas restantes “se van a elegir en un sistema territorializado, con carácter municipal y local”.

Según la actual Carta Magna venezolana, que está vigente desde el pasado año 1999, la Asamblea Nacional Constituyente es convocada para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, y puede ser convocada en Consejo de Ministros, por el Parlamento mediante un acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los concejos municipales, o firmas del 15 por ciento de los electores.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha recalcado que desde la MUD “desconocemos la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente y exigimos que sean convocadas una elecciones generales”.

Por ello, hizo un llamado a que todos los venezolanos desconocieran “el fraude constitucional en todo el país”. Destacó además que utilizarían todos los mecanismos constitucionalmente posibles para lograr un cambio de Gobierno.

“Toda Venezuela debe ponerse de pie para rescatar la democracia de nuestra nación”.

¿Qué consecuencias podrían derivar de la Asamblea Constituyente?

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Protestas por la Constituyente. Getty Images.

En 1999, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo la idea de “crear un nuevo ordenamiento jurídico” dejando atrás lo que se conoce como la ‘Cuarta República’. Para ello, se reformaron el Código Penal, Código Civil, ley del trabajo, y las normas electorales.

Del mismo modo, se modificó la legislación que se refiere a la administración pública: leyes tributarias, de régimen presupuestario, fuerzas de seguridad y crédito público. Maduro aseguró que algunas modificaciones serían similares a las de aquel momento.

Además, dejó entrever que con la Constituyente se podría hacer realidad la aprobación de un organismo al que denominó ‘Parlamento Comunal’, a fin de funcionar de forma paralela con la Asamblea Nacional. Esta práctica ha sido común en el chavismo cuando pierden cualquier tipo de elecciones, creando organismos de este estilo para mantener el control de zonas claves.

Esto ha llevado a que muchas organizaciones comunitarias de Venezuela, usualmente afectas al chavismo, tengan un gran alcance gracias a la conformación de más de 45.000 consejos comunales.

Artículos 333 y 350 de la Constitución

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Las protestas buscan defender la actual Constitución. Getty Images.

Muchas personalidades de la oposición venezolana, como el diputado Freddy Guevara, han exhortado a los venezolanos a ejercer los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana. Ambos los podemos ver de forma íntegra a continuación:

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

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Una crisis sin precedentes

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Getty Images.

El desabastecimiento de alimentos, medicinas, el deterioro de los centros de salud, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, la inseguridad, asesinatos a manos de fuerzas del Estado, y en líneas generales, un Gobierno que cada vez genera más rechazo por los ciudadanos ya que lo consideran como dictadura –según la encuestadora More Consulting-, han dejado una crisis sin precedentes en un país que una vez fue uno de los destinos más buscados por turistas y personas que deseaban una mejor calidad de vida. 

Todo ello ha derivado en semanas de protestas que han sido consideradas incluso más fuertes que las generadas en febrero del año 2014, que dejaron como saldo 43 muertos, cientos de heridos y detenidos.

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